Otro de los problemas de la elefantiasis normativa
jurídico-legal y de la distorsión organizativo-administrativa pública es la
paura -el miedo- que sienten también los funcionarios públicos políticos a
que las personas que hacen, hagan en libertad y sin restricciones u órdenes
administrativas públicas. El errado concepto adquirido y ampliamente asumido
de que la función pública debe dirigir, casi siempre con mano de hierro, es
cuestión de todos los días... sino la parálisis; o surge con una
espontaneidad pasmosa la pregunta ¿y ahora, qué hago? pregunta que paraliza
al ciudadano asumido. Esta sensación y realidad se vive permanentemente en
países del tercer mundo. El funcionario público siempre tiene la última
palabra en cualquier materia.
Pero el que realmente produce bienes y servicios y el
que sabe hacer y que comprende los qué y cómo de las necesidades
sociales es el ciudadano de trabajo y estudio, éste es la base social y
económica creativa y productiva. Este error de concepto de qué es lo
importante en la relación entre ciudadano de acción y la función pública,
tiene ribetes de escándalo universal en nuestros países y es causa del
amansamiento que sufre la población. Todos esperan que los active
una ley, que los mueva una norma, sin comprender que la norma debe nacer de
la acción emprendida y no al revés.
Generar la norma con anterioridad a la acción transforma
a esa en una simple maquinación mental sin contenido concreto. Su contenido,
si real y efectivo, debe nacer de la acción que va a regular, ordenar,
dirigir. Si la norma nace de una especulación mental y no de la acción
concreta y real, nace ya con un nivel de distorsión enorme, de vida útil muy
limitada y de ser solo justificante para, generalmente, la excepción
para la cual fue dictada.
La libertad de acción, la independencia de acción debe
ser la verdadera ley, y si dicha acción incomoda o es
perjudicial para otros entonces crear la norma jurídica.
A diario se ve que la norma que nace de la función
pública ni siquiera tiene la consulta abierta y generalizada del sector de
actividades a la que va dirigida, está tan lejos de la realidad que pierde
gravitación en su propia génesis y nace literalmente muerta.
En contraposición, aquella norma que nace del libre
albedrío de la gente que pertenece concretamente a la actividad que va a
reglar es de una imperatividad y poder de realización de incuestionable
factura y efectividad.
Hay que dejar que la gente haga, decida y norme en consecuencia
y no tener un miedo visceral a que ésta se equivoque en el hacer o en las
relaciones que tiene durante el hacer, ni tampoco pensar que la función
pública pierde poder político cuando la misma gente se norma y
regula.
La norma, siempre, debe nacer de la gente misma que
desarrolla la actividad y solo ante conflicto de intereses debe ser la
autoridad pública la mediadora, solo la mediadora y generadora de nuevas e
iluminadas sugerencias de equilibrios entre distintos sectores. Es la
función pública la que puede saltar de sector y buscar, sacando de la
galera, el equilibrio desde otro sector o área de la economía cuando un
sector está internamente en conflicto o no puede consensuar acciones
comunes.
Que la norma jurídica se transforme en la vedette de los
procesos de acción es errar fieramente el objetivo y la esencia e
importancia de cada cosa y de cada quién.
El nuevo orden debe plantear y proteger el absoluto e
imperativo libre albedrío de la persona o del grupo social que construye.
Una de nuestra premisas básicas y nuestra idea fuerza por
excelencia es: Poder y Potencia con máxima libertad y con plena
independencia. Solo así se van a liberar todas las fuerzas creativas
y productivas de nuestra sociedad y solo así la mochila pública que arrastra
el ciudadano va a permitirle, liviana, seguir haciendo en su camino hacia
objetivos promisorios que ayuden a cuantas más personas mejor.
