Apretados como chanchos que van al matadero es lo que
consiguen con tanta ley y con tanta norma jurídica. Eso es lo que realmente
se siente cada vez que un ciudadano se activa productivamente para
realizarse en función de lo público, de lo colectivo, de lo social.
Actualmente en la Argentina la realización de lo que uno
quiere hacer para vivir es mucho después de ingentes papeles de
legalización, de formuleos y humillaciones ante escritorios públicos y de
maltratos de todo tipo por parte del funcionario público que se cree
todopoderoso y omnisciente.
Por ejemplo para apretar al ciudadano de trabajo
de la Ciudad de Bs.As. existen en Capital Federal 26.000 leyes nacionales y
34.000 ordenanzas que mandan qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cuándo
hacerlo, para qué hacerlo y con quién hacerlo o deshacerlo. Esto sin contar
lo que exige la AFIP -la DGI, la Aduana- los sindicatos, los gre-mios, los
convenios colectivos de cualquier cosa, la Inspección General de Persona
Jurídica, los bancos, las compañías de seguros y los decretos presidenciales
con los que uno se desayuna cada mañana.
El ciudadano productivo está apretado con la normativa
que cual-quier funcionario público emite para balancear su complejo de
inferioridad y creerse por un momento que es superior al Soberano, al que le
extiende la mano y recibe qué comer.
Cualquier motivo es suficiente para extorsionar en
cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera al ciudadano que
produce.
Con lo que se le ocurra, y cómo se le ocurra lo aprendido
durante décadas de descontrol institucional da pie para alimentar a las
mafias públicas y políticas institucionalizadas.
Así se llegó a niveles de corrupción pública
insoportables. La corrupción pública, política, judicial, sindical,
mediática, institucional y financiera fue primero sistematizada en el
gobierno democrático de Alfonsín e institucionalizada en el siguiente
gobierno democrático de Menem. ¿Fue democrático o solo basura
demagógica?
Hoy todo vale para la delincuencia pública y todo vale,
pero en contra, para los que producimos bienes y/o servicios útiles y
necesarios para la comunidad.
Para construir una economía sana es fundamental y
prioritario desactivar, archivar y reordenar la enorme normativa jurídica y
terminar de una vez por todas con una jurisprudencia y reglamentación
institucional abusiva que tiene un solo sentido y un solo fin: aumentar los
problemas y las obligaciones públicas de aquellos que hacen y sirven al bien
de la comunidad y por otro lado aumentar los nexos de relación y de
autoridad que los ata y amordaza a la función pública ineficiente, ineficaz
y extorsiva, cuando no directamente amenazante y defraudadora del soberano
argentino y de su patrimonio.
La construcción de una nueva legislación es absolutamente necesaria y la
incineración -literal- de la mayoría de la actual es un paso previo
indispensable para liberar al ciudadano de trabajo y estudio y abrirle el
universo de la realización y del progreso con absoluta libertad y
plena independencia.
