Entre tantas cosas que estudiamos dos quedan claras: la
moral y la ética -valores y principios- son patrimonio exclusivo del
Ser Humano; mientras que las instituciones, cualesquiera que ellas
sean, tienen objetivos institucionales, y estos solo se
conectan con los valores y los principios humanos a través de las personas
que trabajan en ellas. Es decir que las instituciones no actúan desde su
moral y desde su ética, porque no las tienen, sino desde sus objetivos y
necesidades institucionales.
Los sistemas de organización humana, las instituciones,
son convenciones entre partes, son acuerdos de voluntades que deciden
integrarse y actuar en función de elementos que establecen que deben ser
comunes a los integrantes de esos sistemas e instituciones. Son, entonces,
convenciones políticas, abstractas y altamente volátiles condicionadas a los
resultados que los miembros obtienen en función de los objetivos planteados
institucionales y los esfuerzos de aquellos puestos sobre éstos y a los
cambios coyunturales que las instituciones tienen.
La institución pervive en tanto esos objetivos sean
cumplidos y den rédito al universo de personas para las cuales la
institución fue creada. En este punto la corrupción institucional
entra a jugar en el sentido en que puede la institución persistir y
permanecer activa aún si no cumple con el bienestar y el bien que le debe al
universo de personas que debería beneficiar, pero que SI sigue
beneficiando -cambiados sus medios y distorsionando sus
fines y objetivos- a las dirigencias que la pilotean y
a personas que trabajan en ellas o sujetos que las necesitan desde afuera
para llevar adelante sus delitos públicos o privados.
Es decir que la supervivencia de la institución está
asegurada aún si sus objetivos no se cumplen para todos sus miembros y
para la ciudadanía para la cual fue creada para servir y beneficiar. Esta
institución desfigurada se sirven de sistema de rendimientos financieros
-sus cajas-, de relaciones sociales e institucionales, de "contactos
económicos" de sus cúpulas dirigenciales que las administran en beneficio
propio y de aquellos que trabajan y viven de ella.
A diario se demuestra que hay personas que se juntan para
producir acciones conjuntas para satisfacer necesidades específicas,
personas que vienen imbuidas de sus propios valores y principios naturales y
que cuando se constituyen en institución o en sistema abstracto y político a
la larga esta abstracción reglan con sus imposiciones inclusive el valor
moral y ético de sus miembros.
Cuando no es así, es decir cuando la institución y/o el
sistema no cumple con los objetivos humanos para los cuales fueron ideadas y
construidas, o cuando las dirigencias tuercen los procesos y
procedimientos administrativos explícitos se van construyendo mecanismos
ocultos de relación y de beneficios distintos al bien común -actos de
corrupción institucional ó actos de delito privado y público- la
institución, aún así, persiste y sobrevive pero cambia sus objetivos y
resultados, y por cambiarlos comienza inversamente a modificar los valores y
principios morales y éticos de todos sus miembros administrativos y después
los de las bases sociales con las que se relacionan. Todos se hacen
funcionales, muchas veces sin saberlo, a las directivas cambiadas
que se dictan desde la cúpula y de la dirigencia prostituida.
La lucha contra la corrupción pública y privada -esta
última es delito simple y llano ya legislado y penado, la primera no- es
parte de este marco de relaciones, en el cual los ciudadanos -los REALES
Soberanos y primeros y últimos beneficiarios de las instituciones- son a su
vez los primeros y últimos damnificados y maltratados por la desfiguración
institucional. Esta situación, si se perpetúa, también cambia, altera y
hasta hace desaparecer todo valor moral y todo sentido ético que las bases
sociales deberían educar, cultivar y potenciar y sobre los cuales activarse,
esta es la condición actual de relación entre las sociedades todas y las
instituciones políticas, económicas y muchas de las sociales también.
Moral y ética es entonces, área exclusiva del varón y de
la mujer, es área exclusiva de trabajo de la familia, de los distintos
agregados sociales y de la sociedad en su conjunto. Es responsabilidad
ineludible y fundamentalísima de las instituciones madres
públicas que constituyen nuestros gobiernos nacionales, provinciales y
municipales que a pesar de estar hoy gobernadas por la corrupción
institucionalizada, sus miembros actúen para recuperarlas y enmarcarlas
nuevamente dentro del valor y del principio moral y ético ciudadano.
Es responsabilidad exclusiva de la gente controlar que
éstas no "distraigan" sus actividades y objetivos hacia la corrupción y el
maltrato público.
