El crecimiento del movimiento económico mundial y la
flexibilidad y oportunidad que le ofrece el financismo es tal que todo
negocio se transformó en un negocio de inversiones financiero-económicas,
y no al revés, como siempre fue.
Los canales, las formas y los procedimientos se fueron
deformando y prostituyendo y las leyes se dieron al juego de acompañar
y proteger cada nueva oportunidad de macro negocios transformando al
derecho en el derecho de unos pocos en contra del derecho real y
natural de todos.
Semejante tamaño de mercados y de operaciones necesitan
que los grupos financieros de inversión -y más adelante los grupos
económicos con activos y flujos financieros disponibles- ahonden en sus
relaciones con los administradores públicos que son los que manejan y
representan políticamente a los mercados económicos, situación que les
permite diseñar las operaciones con las libertades del caso y con las
protecciones jurídicas que necesitan.
Este profundizar -penetrar- en las relaciones con el
sector público tomando como operadores -agentes, gerentes- a
individuos que están en cargos públicos ejecutivos, legislativos y
judiciales cierra el círculo de la operatoria y su seguridad. La
compra de presidentes, ministros, políticos, jueces, partidos políticos,
asociaciones de profesionales como martilleros, etc. son hoy cosa aceptada
en los ambientes de los grandes negocios.
El ciudadano que antes buscaba servir a la comunidad
asumiendo un cargo público fue transformando su necesidad y
orientándose a que está en un puesto público y que en algún momento
alguien lo va a requerir para aceitar un negocio, licuar problemas
dentro de la estructura pública y naturalmente piensa que estos favores
tienen un precio.
El político fue y es actualmente el factor de
cambio de los sistemas públicos, y en consecuencia de cambios en el
estado de derecho y del estado jurídico-legal, base de las relaciones
colectivas entre las personas y contrato social tautém e implícito
sin el cual ningún tipo de relación social puede construirse.
Por ejemplo, el estado de derecho decantó en otro sistema
jurídico que llamo Estado de Ley, en donde ya lo que importa
no es que impere el derecho de las personas sino que se le imponga la ley
a cualquier costa.
Factores de este tipo fueron prostituyendo -corrupción
pública- los mecanismos institucionales transformándolos a favor de
los intereses especiales de los corruptos y en contra del bien común para
los cuales fueron los sistemas públicos ideados y diseñados para beneficiar
y servir.
Por un lado, la necesidad de abrir mercados grandes con
grandes operaciones obliga a la función pública a generar mecanismos como el
de "vía libre" o de la "zona verde" o de la "zona liberada"
donde el político ejecutivo, el político legislativo y el político judicial
hace y deshace lo que el negocio macro necesita para funcionar y para
proteger a los sujetos privados y a los sujetos públicos que "facilitan"
la realización del mismo.
En nuestro país, un "facilitador" de este tipo de
manipulaciones administrativas públicas fue Dromi, muy legal, pero
absolutamente ilegítimo e inmoral para con la cosa pública y en contra de
todos los argentinos.
La construcción de códigos mafiosos -simples,
directos, terminantes y absolutos- entre sujetos y empresas ávidas por hacer
grandes negocios junto a los funcionarios públicos que están en cargos de
decisión, más la sistematización e institucionalización pública de estos
códigos mafiosos ha destruido los andamiajes jurídico-legales de casi todos
los países débiles del mundo.
Todo estos códigos mafiosos -simple, directo, rentable-
en contra-posición y como contrapeso a la complejidad de la normativa
jurídica que sigue creciendo, sigue aumentando, sigue trabando y
dificultando cualquier proceso de ley para el ciudadano común que tiene que
superar los infinitos, engorrosos y costosos procedimientos públicos
instituidos por los mismos sujetos que por otro lado todo lo facilitan, si
hay dinero de por medio.
El último estrato de penetración enferma en la economía
de la gente es la ingerencia político-judicial -la construcción de lazos de
corrupción entre el poder político y el poder judicial por medio de la
connivencia y del contubernio permanentes- situación que destruye
definitivamente los procedimientos y sistemas públicos y hace que éstos se
desbarranquen arrastrando el derecho ciudadano cualquiera este sea.
El Poder Judicial se transforma en el quiste de la
corrupción pública y la relación entre éste y el Poder Político es
el fusible por donde circula la peor de las corrupciones: la que desintegra
las instituciones públicas y la que destruye todo derecho ciudadano.
Uno se ríe cuando hay "especialistas" que dicen que el
signo político de un gobierno destruye los derechos ciudadanos, caso de
gobiernos militares o de democracias no tan representativas, cuando en
realidad y por una diferencia infinita más de hechos es la injusticia
de todos los días en los tribunales judiciales la que serrucha poco
a poco TODOS los derechos ciudadanos, sin excepciones.
El proceso judicial ya no se realiza para la defensa del
derecho ciudadano sino para aportar al mercado del conflicto
ergo para beneficio de los profesionales del derecho y de los judiciales,
transformándolos en los actores principales y protagonistas de cualquier
tipo de conflicto real o inducido.
Los actores del capitalismo mayor -financismo mediante-
utilizan todo el aparato político-judicial corrompido para llegar a un punto
de eficiencia y eficacia absoluta que rinda lo suficiente así prostituyendo
funciones, cargos, reglamentos y relaciones entre las personas con lo que
llega a sistematizar e institucionalizar la corrupción en todos los frentes
públicos.
Estas conductas y procedimientos continúan decantando
inmundicia hacia áreas e instituciones privadas también,
cerrando así el círculo de la desintegración de los infinitos contratos
sociales que los pueblos construyeron. Ya no hay moral y la ética en las
relaciones ha dado un vuelco de 180 grados.
El trabajo de reformar los procesos y procedimientos
públicos y privados sufrieron tantas reformas mal intencionadas y
tendenciosas que podríamos decir sin equivocarnos que la corrupción -como la
definimos- ya NO existe. Esta ha transformado de tal manera y
a tanta profundidad los sistemas públicos que estos cumplen perfectamente
bien con los requerimientos de los planteos corruptos y de delincuencia
pública y han destrozado así todos los derechos del ciudadano de trabajo y
estudio, que en definitiva debería ser EL SOBERANO, si hablamos o
estuviéramos en democracia, una democracia real.
Como corolario: se delinque en dónde se quiere, con lo
que se quiere, y con quién quiere, tanto en los niveles nacionales como
internacionales.
Lo único que se consigue como correctivo ineficaz es "el
proceso judicial", que muere en cualquiera de las instancias judiciales
del procedimiento administrativo dejando impune a todos los actores del
hecho y mucho más ocultos e impunes a los actores intelectuales.
Se transmigran nombres de instituciones públicas y
privadas hacia otros nombres que las denominan y hacia "otras" formas
jurídicas que las contienen para seguir siempre en exactamente "lo mismo",
ser exactamente "los mismos" y dejar inmune e impune a todos aquellos
"públicos y ocultos" que las promueven en flagrante delito contra la
sociedad.
